La Junta prepara una estrategia contra la trata y la explotación sexual hasta 2032

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha sacado a licitación por 52.780 euros, sin IVA, el contrato de consultoría y asistencia técnica para diseñar esta estrategia, impulsada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. El documento deberá definir actuaciones concretas, los organismos responsables de ejecutarlas y los mecanismos para evaluar sus resultados durante los seis años de vigencia.

La iniciativa se plantea en una comunidad autónoma en la que, según el último dato conocido, correspondiente a 2025, había 2.358 mujeres en situación de prostitución. Esta cifra permite contextualizar la realidad regional, aunque no equivale al número de víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuya identificación constituye precisamente uno de los objetivos de la futura estrategia.

El proyecto, recogido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, contempla la elaboración de un diagnóstico previo sobre la situación de la trata en Castilla-La Mancha. Este estudio permitirá identificar las principales necesidades, analizar los recursos existentes y determinar las actuaciones prioritarias que deberán desarrollarse.

Uno de los objetivos será disponer de información más precisa sobre la dimensión de este problema. Para ello, el documento establece la necesidad de «formalizar mecanismos de cruce de datos para unificar las cifras reales de víctimas de trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños en Castilla-La Mancha».

Perfiles de las víctimas

El diagnóstico deberá analizar las tendencias de la trata tanto en el ámbito internacional como en España y en la propia comunidad autónoma. También estudiará los perfiles de las víctimas, de los delincuentes y de los demandantes de servicios sexuales, así como el funcionamiento de las instituciones y organizaciones que intervienen en la prevención de estos delitos y la atención a las personas afectadas.

A partir de este análisis, la estrategia tendrá que identificar las dificultades existentes para detectar situaciones de explotación sexual y mejorar los procedimientos de atención y derivación de las víctimas. Asimismo, examinará las actuaciones que ya desarrollan las distintas consejerías de la Junta y las necesidades para incorporar nuevas medidas a las políticas públicas regionales.

Una de las actuaciones que deberá incluir obligatoriamente el plan será la elaboración de un protocolo de coordinación frente a la trata con fines de explotación sexual. Su finalidad será reforzar la colaboración entre los organismos públicos y los distintos agentes implicados en la prevención, protección de las víctimas y persecución de estos delitos, para ofrecer respuestas más eficaces ante posibles situaciones de explotación.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la participación de las propias mujeres que han sobrevivido a situaciones de trata. El pliego establece que sus experiencias y necesidades deberán tenerse en cuenta durante la elaboración de la estrategia, bien mediante consultas directas o a través de organizaciones especializadas.

A esta participación se sumará la de responsables políticos, personal técnico de las administraciones y representantes de entidades sociales. El Instituto de la Mujer prevé desarrollar un proceso de participación técnica y ciudadana para consensuar y validar las medidas que finalmente se incorporen al documento.

La futura estrategia deberá estructurarse en diferentes ejes de actuación, con objetivos específicos y medidas concretas. Cada una de ellas tendrá que identificar a los organismos responsables de su planificación y ejecución, así como contar con indicadores y previsiones presupuestarias.

También se diseñará un sistema de seguimiento y evaluación que permita comprobar el grado de cumplimiento de las actuaciones, sus resultados y su impacto. Para ello, el documento contempla la elaboración de un cuadro de indicadores que facilite el control de la aplicación del plan.

El contrato establece un plazo de cinco meses desde su formalización para completar los trabajos. Durante los dos primeros deberán elaborarse el diagnóstico de situación y la definición de objetivos y prioridades. El diseño de las medidas y los ejes estratégicos tendrá que estar concluido a los cuatro meses, mientras que el quinto se dedicará a completar el modelo de gobernanza y presentar la estrategia.

La empresa que resulte adjudicataria deberá contar, como mínimo, con una persona responsable de coordinar el proyecto y otra con formación y experiencia específica en violencia contra las mujeres y en la elaboración de planes frente a la trata o la violencia sexual.

Además de redactar el documento, tendrá que desarrollar una estrategia de comunicación y difusión, así como organizar al menos tres acciones formativas dirigidas a responsables políticos, personal técnico de las consejerías y profesionales del Instituto de la Mujer y de las entidades que participan en la mesa técnica regional contra la trata.

Esta mesa fue creada mediante una orden de la Consejería de Igualdad de julio de 2025 como un órgano de trabajo interdisciplinar en el que participan representantes de distintas administraciones, profesionales y entidades especializadas en la prevención, sensibilización y actuación frente a la explotación sexual.

La elaboración de la estrategia se enmarca en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha, que reconoce la trata de mujeres como una manifestación de esta violencia y establece el compromiso de los poderes públicos de desarrollar actuaciones para detectar situaciones de riesgo y proteger a las víctimas y a sus hijos menores.