Feijóo someterá al Congreso las decisiones en política exterior que afecten a la soberanía y las fronteras

Y en este contexto aparece el Sahara Occidental. La posición del PP sigue siendo la misma que redactó para las generales de 2023: «Apoyaremos los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sahara para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes». La pregunta que queda pendiente es si Feijóo se plantea revertir el giro histórico que acometió Pedro Sánchez en 2022 respaldando el plan de Marruecos o lo mantendrá. Los populares también defienden «volver al equilibrio entre Marruecos y Argelia» y hacen una mención específica a la «presión singular» que soporta Canarias como «frontera marítima», considerando la inmigración irregular como «un arma de presión contra España» y un «ataque híbrido». El programa recoge una petición clara a Bruselas para que Ceuta y Melilla tengan «el mismo trato que la Unión» dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia.

Otro de los puntos clave mira a Gibraltar. Una «cuestión de Estado» que obliga a retomar «un diálogo responsable» con el Reino Unido que «revise» las consecuencias del acuerdo firmado entre la UE y ese país, que recuerda el PP, «no ha sido refrendado por el Parlamento español». «Seguiremos reivindicando nuestra soberanía, nuestros intereses y la prosperidad del Campo de Gibraltar».

La defensa de darle mayor robustez a la UE como mercado único aparece destacada, igual que un compromiso específico con Ucrania, «mantendremos el apoyo político, militar, humanitario» a Kiev, y las sanciones a Rusia mientras dure la agresión. El PP sí establece que los Estados miembros que quieran entrar en la Unión tendrán que cumplir los requisitos establecidos para contar con su apoyo.

El compromiso de «recuperar el vínculo transatlántico» también tiene un apartado destacado en el programa del PP, que apuesta por tener «una relación fuerte y equilibrada» entre EE.UU. y España, pero siempre en el paraguas de la Unión Europea. Las relaciones con la Administración Trump se han visto muy deterioradas en gran medida por las posiciones de Sánchez –en muchos momentos en clave de política interna–. El PP hace mención a evitar a toda costa una guerra comercial.

Iberoamérica aparece como una «prioridad» –ya lo fue en el programa de 2023– aunque algo ha cambiado: en los últimos meses Feijóo ha hecho esfuerzos por recuperar el terreno perdido con estos países y ha aumentado su interlocución directa con la nueva hornada de líderes de la derecha. La 'soledad' de Sánchez quedó clara en la Cumbre de Madrid de la pasada semana, a la que no acudieron sus dos grandes aliados: Brasil y México. Feijóo aprovechó para reunirse con el presidente de Chile, José Antonio Kast. En verano acudió a Perú a la toma de posesión de Keiko Fujimori. En el programa del 29-N el PP incide en mantener una «política de Estado y no de partido» (alusión a los últimos años de Gobierno de Sánchez, que se ha enfrentado con potencias como Argentina) y en la necesidad de aumentar la cooperación para luchar contra el narcotráfico, un problema creciente en España.

Hay un nombre propio que aparecerá en el programa electoral del PP: el de Maria Corina Machado. El apoyo es indiscutible, a ella como candidata y a la transición democrática para el país, igual que para Cuba y Nicaragua.

Sobre Oriente Medio, el PP rubrica un «compromiso de paz» en la región, calificando de «masacre insostenible» lo que sucede en Gaza y pidiendo que «la población civil sea protegida». Asimismo, sitúa a Irán como «el principal elemento desestabilizador» de la región. A China –uno de los países a los que más se ha acercado Sánchez–, el PP lo describe como «un socio, un competidor y un rival sistémico», advirtiendo de que «sus políticas pueden desafiar nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores».

También aparecerá en el programa del PP «un plan de refuerzo consultar» para garantizar los medios en toda la red de consulados para hacer frente a las tareas que se les exige, ampliando la plantilla, mejorando los medios, impulsando una centralita operativa las 24 horas y revisando los contratos de externalización de los servicios. Recientemente, el requerimiento del Tribunal Supremo –que obligó a facilitar las identidades de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de 'ley de nietos' – reventó buena parte de las costuras del sistema, que ya acumulaba problemas y deficiencias, reclamando mayores medios para su funcionamiento.