Iustitia Europa recurre 'in extremis' para que el Supremo rectifique y expulse del censo a los hijos de los 'nietos'

El letrado Luis María Pardo, candidato, además, de este partido, recuerda que el colectivo al que finalmente se le va a permitir el voto, que son los nacionalizados gracias a la cuestionada nacionalización de sus padres, asciende a 189.678 personas. A su juicio, la distribución territorial de estos sufragios puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de un puñado de votos y que esto puede repercutir directamente en la composición de las Cortes Generales y en las futuras mayorías parlamentarias.

El recurrente alude a la irreversibilidad del proceso una vez que los votos entren en las urnas pues el secreto del sufragio impedirá reconstruir el censo a posteriori. En este sentido, insiste en que «la posterior rectificación censal puede llegar demasiado tarde» y se puede dar el escenario en el que la posible estimación del recurso (pues ahora estamos en fase de cautelares) sea inútil para reparar los efectos sobre el resultado final de los comicios. Para sustentar esta postura, el partido se apoya en el voto particular emitido por el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero. El magistrado discrepante cuestionó que las dificultades burocráticas invocadas por la Administración bastaran para rechazar la ampliación de la medida, señalando que la celebración de las elecciones y el cómputo de los sufragios harían inútil cualquier corrección judicial posterior.

Para Iustitia Europa, el recurso invoca la vulneración de varios preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en concreto los artículos 29.1, 30.c) y 31.1 para recordar que la Oficina del Censo Electoral tiene la obligación de controlar de oficio las altas y garantizar que las inscripciones correspondan únicamente a quienes reúnen los requisitos legales. Para el partido, el cierre oficial del censo no puede utilizarse como excusa para neutralizar la tutela judicial.

Y es que la magnitud de la falta de comprobación la puso de manifiesto el propio Supremo ayer al confirmar que de los 163.355 progenitores inscritos de la 'ley de nietos' cuyos efectos electorales están en suspenso «únicamente 901 contaban con la acreditación que la Sala considera necesaria para quedar exceptuadas de la suspensión»; la certificación consular que acredita que cumplen los requisitos para considerarse descenciente de exiliado.

El escrito recuerda, además, el auto del propio tribunal del pasado 12 de octubre, donde la Sala ya advirtió de que «no puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla». Iustitia Europa considera injustificable que la tardanza administrativa en facilitar la información termine perjudicando la pureza del proceso electoral.

Frente a las dudas de ejecución del Supremo ante la inminencia de las elecciones en la que la Sala se apoya, el partido propone que los sufragios recibidos por parte de este colectivo permanezcan «separados y bajo custodia, quedando suspendida su incorporación al escrutinio hasta que finalice la comprobación ordenada y pueda determinarse su situación electoral».

En su petición principal, exigen requerimientos inmediatos a la Oficina del Censo Electoral, al Instituto Nacional de Estadística y a la Dirección General de Españoles en el Exterior para suspender cautelarmente a todo este colectivo. De forma subsidiaria, solicitan que al menos se identifique de inmediato a estos electores y se aplique la suspensión exclusivamente a aquellos cuyos progenitores ya estén afectados por autos judiciales anteriores.