El Parlament balear aprueba la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos

La propuesta, que ya había superado su toma en consideración el pasado mes de junio con el respaldo de populares y Vox, establece una prohibición general del uso de prendas que oculten íntegramente el rostro, como el burka y el niqab, en los espacios públicos. El texto contempla sanciones económicas de hasta 30.000 euros en determinados supuestos de reincidencia o imposición de estas prendas a menores o mujeres bajo tutela.

Asimismo, plantea modificar el Código Penal para castigar con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes obliguen, intimiden o coaccionen a una mujer para llevar el velo integral. La iniciativa también prevé la expulsión del territorio nacional de los extranjeros que reincidan en las infracciones, una medida que, al igual que el resto de las disposiciones, deberá superar la tramitación estatal para poder entrar en vigor.

La proposición considera que la imposición del velo integral vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico español, como la dignidad humana y el orden público, y defiende la necesidad de establecer límites a determinadas prácticas religiosas cuando entren en conflicto con los derechos y libertades fundamentales.

Vox denuncia las «cárceles de tela»

Durante el debate parlamentario, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha defendido la prohibición del burka y el niqab, prendas que ha definido como «cárceles de tela», y ha acusado a los partidos de izquierda de mantener una actitud contradictoria respecto a la defensa de los derechos de las mujeres.

«En Vox no nos arrodillamos ante ese consenso cobarde. Llamamos a las cosas por su nombre. No vamos a tolerar que bajo la coartada de una falsa tolerancia se fuerce a una sola mujer a desaparecer del espacio común», ha manifestado.

Cañadas ha insistido en que la defensa de la libertad religiosa no puede servir para justificar prácticas que, a su juicio, representan una forma de sometimiento femenino. «En Baleares no admitimos ni un paso hacia atrás en la dignidad de las mujeres», ha añadido.

La portavoz de Vox también ha advertido de que la convivencia exige respetar unas normas comunes. «Quien vive aquí tiene derechos, pero también tiene obligaciones y ninguna creencia puede situar a nadie por encima de las normas que nos permiten convivir», ha señalado.

La libertad religiosa «no es un cheque en blanco»

Por parte del PP, la diputada Cristina Gil ha defendido el respaldo de su formación a la iniciativa y ha acusado a la izquierda de practicar un «feminismo de goma de borrar», al reconocer el carácter discriminatorio del velo integral, pero rechazar cualquier regulación específica para prohibirlo.

Gil ha reprochado a los grupos progresistas que todas sus enmiendas estuvieran dirigidas a suprimir el contenido de la proposición y ha sostenido que la protección de los derechos de las mujeres debe prevalecer frente a prácticas que considera incompatibles con la igualdad.

La parlamentaria popular ha subrayado que la libertad religiosa «no es un cheque en blanco» y ha precisado que la iniciativa no pretende prohibir el islam ni limitar el ejercicio de las creencias religiosas, sino establecer restricciones a determinadas conductas.

En este sentido, ha defendido que la libertad religiosa «no convierte cualquier conducta asociada a una creencia en jurídicamente intocable».

La izquierda rechaza la prohibición

Los partidos de izquierda han coincidido en cuestionar el uso del burka y el niqab como símbolos de sometimiento femenino, aunque han rechazado la proposición de ley por considerar que sus medidas son discriminatorias y pueden perjudicar precisamente a las mujeres que pretende proteger.

La diputada socialista Teresa Suárez ha reconocido que el velo integral islámico constituye un elemento sexista, pero ha calificado la iniciativa de «panfleto» y ha defendido que el ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para actuar contra quienes obliguen a las mujeres a utilizar estas prendas.

Suárez también ha cuestionado que la propuesta se centre exclusivamente en determinadas vestimentas vinculadas al islam, en lugar de abordar de manera general la ocultación del rostro en espacios públicos, como sucede en otras legislaciones europeas.

Desde Unidas Podemos, José María García ha denunciado que la iniciativa responde a una posición contraria a la inmigración musulmana y ha acusado a Vox de utilizar la defensa de las mujeres para justificar restricciones dirigidas contra una comunidad religiosa concreta.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha sostenido que el burka y el niqab son expresiones del patriarcado, pero ha advertido de que la propuesta puede terminar castigando a las propias víctimas. En este sentido, ha criticado que, según su interpretación del texto, primero se obligue a una mujer a cubrirse, después se la sancione y finalmente pueda ser expulsada del país.

Suspender las clases de lengua árabe y cultura marroquí

En la misma jornada parlamentaria, PP y Vox también han sacado adelante una proposición no de ley de la formación de Santiago Abascal sobre la saturación de los servicios públicos en Baleares, una iniciativa que incluye distintas reclamaciones a las administraciones autonómica y estatal.

Entre los acuerdos aprobados destaca el punto número 11, que insta expresamente al Gobierno de España y al Govern balear a suspender el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos.

La resolución sostiene que este programa constituye una forma de «adoctrinamiento en las aulas contrario a nuestra cultura» y reclama evitar «cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres».

La propuesta supone un nuevo posicionamiento del Parlament sobre la presencia de este programa educativo en los colegios de las Islas, en un contexto de debate político sobre inmigración, integración cultural y presión sobre los servicios públicos.

A diferencia de la proposición de ley sobre el burka y el niqab, que deberá continuar su tramitación en las Cortes Generales, la proposición no de ley no tiene carácter legislativo ni implica la suspensión automática del programa educativo, sino que expresa una petición política dirigida a los ejecutivos central y autonómico para que adopten las medidas correspondientes en el ámbito de sus competencias.