Rechazan la demanda de 25.000 euros de un docente de la UCO contra una interina que pidió amparo por acoso
El Tribunal del Instancia de Córdoba Plaza número 2 ha desestimado la demanda formulada por un profesor titular de la Universidad de Córdoba (UCO) contra una profesora sustitua interina que lo denunció por presunto acoso laboral ante los órganos de gobierno de la ... institución académica. El demandante solicitaba una indemnización de 25.000 euros al considerar que la queja formulada por su compañera había supuesto una intromisión ilegítima en su derecho al honor.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso ABC, considera que la actuación de la interina estuvo amparada por el ejercicio legítimo de su derecho a solicitar amparo ante la autoridad universitaria, destacando que en todo momento mantuvo una «estricta reserva y confidencialidad» y que su escrito no contenía insultos ni descalificaciones gratuitas.
El conflicto entre ambos docentes se desencadenó tras la reincorporación de una baja médica del profesor titular. Durante su ausencia, se había cubierto su vacante de forma temporal por la profesora sustituta. Tras la aprobaciónm por parte del Consejo del Departamento de la propuesta para convocar una plaza de profesor ayudante doctor, el titular remitió de forma masiva una serie de correos electrónicos a más de 40 docentes del departamento, así como al Vicerrectorado de Personal y al Defensor Universitario.
En estos mensajes, el profesor cuestionaba de forma abieta la capacidad y méritos profesionales de la sustituta, acusando a los órganos del departamento de haber creado un perfil «a medida» de la interina e insinuando la posible comisión de un delito de prevaricación.
Este aluvión de correos, según recoge el escrito judicial, provocó en la profesora «una crisis de ansiedad» y, ante esta situación, presentó por sede electrónica un escrito confidencial a la vicerrectora de personal «solicitando amparo y medidas preventivas, sin realizar difusión pública ni atribuir delitos».
Aunque la comisión encargada acordó finalmente el archivo de la actuaciones, el profesor titular decidió acudir a la vía civil contra la profesora al considerarse calumniado.
No actuó de mala fe
En la sentencia, el juez destaca la «asimetría laboral» existente entre las partes y considera plenamente comprensible que la demandada se sintiera intimidada ante los ataques a su profesionalidad vertidos en fotos colectivos.
La resolución recuerda que la mera activación de un protocolo o la presentación de una queja administrativa no constituye un ataque al honor, aunque el expediente termine archivado por insuficiencia probatoria, siempre que existan indicios razonables y no se actúe con mala fe o temeridad. En este sentido, la sentencia resalta que la profesora se limitó a utilizar los canales institucionales reservados y no dio publicidad alguna a su reclamación fuera de los órganos competentes.
El juzgado concluye advirtiendo del pernicioso «efecto desaliento» (chilling effect) que supondría condenar económicamente a una trabajadora por acudir de buena fe a los órganos de protección de su entidad, ya que ello disuadiría a los empleados -especialmente a los más vulnerables en entornos laborales jerarquizados- de denunciar eventuales abusos o situaciones de hostigamiento.
Fuente
abc.es
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