El gobierno recortó la inversión en la Alta Velocidad un 30% mientras subía el tráfico un 56%

El Ejecutivo andaluz ha anunciado este martes tras su habitual reunión en el palacio de San Telmo que considera que este siniestro, sumado al ocurrido hace nueve meses en Adamuz (Córdoba), evidencia la necesidad de revisar en profundidad el estado de la red ferroviaria y garantizar la seguridad de los usuarios.

Lo ha explicado el consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, en la rueda de prensa posterior a la que ha acudido por primera vez. Lo que el gobierno reclama es que se analicen las condiciones de prestación del servicio, el estado de conservación de las infraestructuras y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y señalización. Asimismo, considera necesario que las investigaciones determinen si existen deficiencias estructurales relacionadas con la planificación, la conservación y el mantenimiento de la red, más allá de las causas concretas de cada accidente.

Según ha recalcado, la gravedad de lo ocurrido exige examinar el conjunto de las infraestructuras«. Por ello, según ha dicho, no se puede reducir al error humano y se debe investigar si se ha producido «una concatenación de fallos». Una auditoría que debe hacerse de forma paralela al restablecimiento de la red.

«Se lo debemos a quienes ha perdido la vida y a sus familiares», ha dicho la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Carolina España recalcando que Andalucía quiere «alta velocidad pero también alta seguridad».

Entre las medidas planteadas, la Junta solicita una auditoría técnica integral e independiente de las infraestructuras ferroviarias y sus sistemas de seguridad, un refuerzo de las inversiones destinadas al mantenimiento y la conservación de las vías y la puesta en marcha de alternativas extraordinarias de movilidad mientras persistan las interrupciones de las conexiones entre Andalucía y Madrid.

Como argumento para reclamar mayores recursos, el Gobierno andaluz se apoya en datos publicados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según las cifras recogidas en el acuerdo, la actividad ferroviaria, medida en trenes-kilómetro, aumentó un 56,3 % entre 2019 y 2025, mientras que el gasto en reparaciones y conservación por tren-kilómetro descendió un 29,9 %. En este sentido ha recordado que no es lo mismo mantener una línea con las 12 frecuencias de 1992 que con las 66 que había antes del accidente.

La Junta también señala que el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha situado en 1.800 millones de euros anuales las necesidades de mantenimiento de toda la red ferroviaria, incluyendo Alta Velocidad, Media Distancia y cercanías. Esta cantidad supone un 64 % más que los 1.100 millones que han sido presupuestados para 2025.

Para el Ejecutivo autonómico, estos datos reflejan un desequilibrio entre el incremento de la utilización de las infraestructuras y los recursos destinados a su conservación. Por ello, reclama revisar si los medios y la planificación del mantenimiento responden adecuadamente a las actuales exigencias de explotación.

La Junta advierte también de las consecuencias económicas y sociales que está provocando la alteración de las comunicaciones ferroviarias entre Andalucía y Madrid. La interrupción de este corredor estratégico obliga a reforzar las alternativas de transporte por carretera y avión hasta que se restablezca la normalidad del servicio.

El Gobierno andaluz considera que esta situación se suma al deterioro que, a su juicio, viene experimentando el servicio ferroviario en la comunidad durante los últimos años, con averías, retrasos y un empeoramiento progresivo de las prestaciones, hasta desembocar en el actual escenario de interrupción de las comunicaciones e incertidumbre sobre la fiabilidad del tren.

No es la primera vez que se reclama. El Consejo de Gobierno recuerda que la Junta ha trasladado en numerosas ocasiones al Ejecutivo central sus reivindicaciones sobre las infraestructuras ferroviarias andaluzas. Entre ellas figuran distintas comunicaciones dirigidas a los ministros responsables, una declaración institucional aprobada por el propio Consejo de Gobierno y siete proposiciones no de ley respaldadas en el Pleno del Parlamento de Andalucía.

Además, en octubre de 2024, la Administración autonómica entregó al Ministerio el informe Infraestructuras para Andalucía durante la reunión que, según señala la Junta, fue el único encuentro mantenido en ocho años con un ministro de Transportes.

Las reivindicaciones volvieron a plantearse en la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en julio de 2026, que el Gobierno andaluz identifica como la única convocatoria de este órgano en cuatro años.

La Junta lamenta que, pese a las reiteradas peticiones y propuestas presentadas, no se haya obtenido respuesta a sus principales iniciativas. Con este nuevo acuerdo, reclama al Gobierno central un compromiso institucional que permita recuperar la seguridad, la fiabilidad y la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario.

El consejero también ha pedido que se refuercen las conexiones aéreas y por tierra y al Gobierno la creación de una mesa de trabajo entre ambas administraciones, una petición sobre la que no ha tenido aún respuesta. «Queremos conocer de primera mano los plazos y las alternativas de movilidad que se van a poner en marcha», ha explicado el consejero insistiendo en que los andaluces se merecen saber «que pueden volver a utilizar el tren con garantía». La Junta de Andalucía no ha sido informada, de momento, de cuándo se restablecerán las conexiones ferroviarias que quedaron interrumpidas el día 28 de octubre tras el accidente de Urda.