La familia de Pilar Garrido, tras la liberación de su marido condenado: «Si no ha sido él, ¿quién ha matado a mi hermana?»

Pilar, natural de de la localidad valenciana de Massalavés, tenía 34 años y un hijo de apenas doce meses cuando fue asesinada a principios de julio de 2017. Junto a su marido y el pequeño, se encontraba disfrutando de unas pequeñas vacaciones en un balneario ubicado en una zona de playa de la Pesca, en la localidad de Soto de la Marina, donde acudieron para conocer el hábitat de las tortugas lorca. Según la versión que su marido ofreció a las autoridades, en el viaje de vuelta a su casa de Ciudad Victoria, un vehículo les cortó el paso y tres hombres armados irrumpieron del turismo con fusiles AK-47 para llevarse a la fuerza a su mujer sin que pudiera evitarlo. Fernández, criminólogo de profesión, los describió como jóvenes de unos 15 años y denunció inmediatamente los hechos ante la Policía. Un supuesto rapto que ocurrió en el estado de Tamaulipas, uno de los más peligrosos de México. De hecho, en 2018, se cuantificaron cerca de mil asesinatos dolosos y 138 secuestros en esta región fronteriza con Estados Unidos, en histórica disputa entre el Cartel del Golfo y el Cartel del Noroeste.

Veinticuatro días después, los investigadores hallaron restos óseos de naturaleza humana en un paraje próximo a la carretera donde se produjo el presunto secuestro, cuyas pruebas genéticas confirmaron que pertenecían a la joven valenciana. La autopsia determinó que fue víctima de una muerte violenta por asfixia mecánica mediante estrangulamiento. Solo un mes después, los agentes detuvieron a su marido por contradicciones en su relato tras ofrecer distintas versiones cuando todavía era considerado denunciante, por unos tiempos en la reconstrucción del recorrido en coche que no cuadraban, así como por aparecer el cadáver cerca de la carretera por la que, según el esposo, la habían raptado. Finalmente, en 2019 tras un juicio mediático en ambos países, Jorge Fernández fue condenado a 47 años de cárcel por feminicidio, sentencia que parecía cerrar una etapa que ahora se abre de nuevo gracias a los constantes intentos de la defensa de demostrar su inocencia.

El pasado 28 de octubre, la Sala Colegiada en Materia Penal de Tamaulipas dictó sentencia absolutoria, nueve años después, a raíz del recurso de amparo a la defensa por el que un tribunal federal ordenaba revisar la condena por dos irregularidades en la valoración de las pruebas. Es decir, los magistrados no entraron a valorar la culpabilidad del acusado, sino que estimaron que el fallo argumentaba que Fernández no había logrado conseguido acreditar la versión del rapto y, por ende, se había deducido su responsabilidad en el crimen. Así, la justicia mexicana entiende ahora que era labor de la Fiscalía demostrar que el sospechoso había cometido el asesinato y no que este tuviera que probar su inocencia. Del mismo modo, el juzgado interpreta como segunda anomalía que se utilizaran las primeras declaraciones del marido como indicio contra él cuando todavía aparecía como denunciante y no como procesado por el estrangulamiento de su mujer. Es decir, la revisión de la condena responde únicamente a la falta de solidez del material presentado por el ministerio público, sin identificar a otro responsable.

«Estamos en un limbo totalmente. Lo único que pido es justicia. Si creen que no ha sido él, ¿quién ha matado entonces a mi hermana?». se pregunta Raquel, ávida de respuestas. La familiar, quien ejerce la tutela del hijo de la víctima, evita pronunciarse sobre el sentido de la sentencia pero denuncia hallarse indefensa ante la incertidumbre que emana de nuevo del trágico recuerdo. «No puede quedar impune», insiste, al tiempo que reclama a las autoridades mexicanas que continúen trabajando en averiguar quién la asesinó. Más de una semana después, no ha decidido si va a recurrir la resolución porque ni siquiera la ha recibido. «Primero tengo que leerla para saber qué debo hacer», asevera.

La falta de información oficial desespera a la familia. Raquel asegura que nadie comunicó la puesta en libertad de Fernández y que se enteró por los medios de comunicación y algunas llamadas particulares desde México. En ese momento, se puso en contacto con el abogado que hasta entonces había llevado la representación de las víctimas y la respuesta fue que había sido trasladado a otro departamento. Sí le facilitó un teléfono de Fiscalía, donde pudo hablar con el director general de Litigación y Justicia, que se comprometió a enviarle la documentación y comunicarle quién sería su nuevo asesor victimal. Pero siguen esperando. De hecho, no es la primera vez que se produce un cambio en su asistencia jurídica durante los últimos años. En las anteriores ocasiones, siempre les habían informado de quién asumía el expediente pero esta vez no. Un silencio absoluto que también afecta a los plazos, pues desconoce si el tiempo para recurrir comienza a contar desde la notificación al letrado o en el momento que este pone la información a disposición de los perjudicados. «No sé si ya se ha cometido alguna irregularidad», sospecha.

Ante la falta de respuestas, ha tratado de ponerse en contacto con diferentes organismos mexicanos, desde la Fiscalía hasta asociaciones de asesoramiento a víctimas y organizaciones de Derechos Humanos. También ha recurrido al consulado español que, según explica, ya ha realizado gestiones ante la autoridad de Tamaulipas para tratar de agilizar la entrega de documentación y conocer el nombre de su nuevo abogado. «Pedimos que se nos vuelva a ayudar a nivel diplomático», señala Raquel, que recuerda el apoyo recibido hace nueve años, cuando la desaparición de Pilar movilizó a familiares, medios de comunicación y políticos de ambos países.