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¿Quiénes son los ocho sindicatos del País Vasco en huelga por segunda vez en 2026?

Fuente: abc.es

Ocho meses después de la primera «huelga general» convocada en 2026 en el País Vasco para pedir un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, los sindicatos controlados por la izquierda independentista y comunista vasca vuelven a intentar detener la actividad laboral. A la zaga de ... las protestas convocadas en toda España tras la crisis por el desahucio de Maricarmen, aquí corren a cargo, principalmente, de ocho organizaciones nacionalistas gracias al veto que impera 'de facto' sobre las centrales sindicales del ámbito estatal español (en especial a CCOO). Entre ellas destacan, además de las tradicionales, otras de reciente creación que toman protagonismo bajo la batuta del Movimiento Socialista (MS) y Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), la disidencia de la izquierda abertzale tradicional.

El pasado 17 de marzo, poco antes de iniciarse la manifestación convocada en Bilbao, huelguistas entraban en tromba en el Pull&Bear de Gran Vía destrozando la tienda y obligando a bajar sus persianas. Esto provocó el cierre, pese al despliegue de la Ertzaintza, de otros comercios como el Corte Inglés o el Primark. La «huelga general» organizada por los sindicatos abertzales (ELA, LAB, Etxalde, Steilas e Hiru) y secundada por EH Bildu y el Movimiento Socialista ya había resultado en cortes de carreteras, vías férreas y accesos a lugares de trabajo en centros industriales con piquetes e incendio de mobiliario urbano. Aquella jornada terminó con el arresto de tres personas y cinco investigadas por delitos de desórdenes y atentado.

«Quienes han convocado hoy a una huelga general solo buscan generar revuelo y mostrar un sentimiento de indignación que no existe en realidad», denunciaba el PNV esa misma mañana ante el pulso de sindicatos abertzales como ELA (mayoritario en la región), que tiempo atrás fue próximo al partido de Aitor Esteban. Hoy, ocho meses después de aquella jornada de huelga, el PNV enfrentará otro. En ese sentido, se da la paradoja de que, si en el resto de España es a los partidos de la oposición a los que se señala y no al Gobierno de Pedro Sánchez, en el País Vasco las críticas recaen sobre el Ejecutivo autonómico liderado por el lendakari Imanol Pradales y sus socios del Partido Socialista de Euskadi (PSE).

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El paro convocado para este 11N supone así la segunda «huelga general» que encaja el tejido económico e institucional vasco en lo que va de año tras esa cita que ya paralizó las comarcas vascas en marzo reivindicando un SMI de 1.500 euros. Unos movimientos que, desde Sabin Etxea, esperaban que se repitieran. Durante la celebración del último Alderdi Eguna el propio Aitor Esteban, hoy discutido dentro de su propio partido, ya ironizó asegurando que ante la cercanía de los marcos electorales arrancaba la «temporada de huelgas», comparándola con «las lluvias tropicales del monzón» para criticar que se trata solo de una excusa para desestabilizar: «No importa que haya causa, toca en determinadas épocas del año».

¿Ocho sindicatos vascos?

En ese contexto, entre los convocantes destacan ELA (Eusko Langileen Alkartasuna) y LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) como las principales fuerzas en el mapa sindical vasco. Tras ellas ESK y STEILAS, anticapitalistas y sindicalistas, con presencia en el ámbito sociosanitario y de la educación pública. También Etxalde e Hiru, como brazo sectorial desde la agricultura y los transportistas. Más allá de todas estos grupos, más o menos afines a la izquierda abertzale oficialista que representa EH Bildu, también figuran entre los organizadores Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea y Etxebizitza Sindikatu Sozialista: dos sindicatos de vivienda vinculados al Movimiento Socialista (MS) y a GKS (Gazte Koordinadora Sozialista), la escisión neocomunista del partido de Otegi.

Este despliegue de la huelga general en el País Vasco evidencia la fractura sindical, con el bloque abertzale imponiendo un marco de relaciones laborales vasco y marginando a las centrales de ámbito estatal. El precedente más claro de esta práctica se vivió también en marzo de este año con el veto impulsado por los sectores del euskera y la organización AEK (Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización) contra Comisiones Obreras (CCOO) en la Korrika bajo acusaciones de «euskarofobia». Se trata de una carrera popular organizada por AEK cada dos años en el País Vasco y Navarra, que oficialmente tiene por objetivo difundir el uso del euskera y recaudar fondos para los 'euskaltegis', centros de enseñanza de la lengua vasca para adultos.

El veto nacionalista a CCOO

El evento está habitualmente en el centro de la polémica ante la exhibición de emblemas a favor de los presos de ETA. Así, en la edición de este año, el equipo del lendakari Imanol Pradales tuvo que desplegar ikurriñas para tapar en la emisión televisiva las banderas de Sare y Etxerat que surgían a sus espaldas cuando le tocó recoger el testigo en esta carrera de relevos. «La exclusión de la representación de CCOO de Korrika constituye una manifestación de intolerancia que no se merece el euskera y que, lejos de contribuir a la concienciación sobre su aprendizaje y su uso y a generar consensos en torno a la lengua, sitúa la iniciativa en un terreno muy apartado de la pluralidad que dice promover», dijeron por su parte los socialistas vascos, negándose a participar.

CCOO denunciaba el «apartheid social» impuesto por AEK, al negar su participación en la Korrika, además de una «campaña de señalamiento, difamación y ataques por defender una política lingüística justa, razonable e integradora». También habían aparecido pintadas en su contra en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Todo después de los recursos interpuestos por CCOO ante Ofertas de Empleo Público (OPE) en el País Vasco donde la exigencia del euskera se extiende al 100% de las plazas, imponiéndose sobre el castellano. Algo que vienen tumbando con recurrencia 'a posteriori' los tribunales, al no adaptarse a la propia Ley de Empleo de la comunidad autónoma.

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Según explicó entonces el sindicato, la norma impide exigir el mismo nivel de euskera en todas las administraciones y territorios con independencia de su realidad sociolingüística, pero numerosas administraciones vascas lo «incumplen de forma sistemática». Ese es, según la organización, el origen de los recursos judiciales promovidos por CCOO, «cuyo objetivo no sería cuestionar el euskera, sino proteger a personas trabajadoras que ven vulnerados sus derechos por procesos de acceso o estabilización diseñados al margen de la legalidad vigente». En marzo y desde 2010, el sindicato había participado en 22 procesos judiciales, si bien varios de ellos corresponden al mismo caso en distintas instancias o a un mismo centro de trabajo.

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