El azote del Gobierno con Ceuta o la 'ley de nietos' quiere luchar contra la corrupción desde el Congreso

Uno de los ejes del programa de Pardo, abogado y guardia civil en excedencia, es la reforma de la Constitución para eliminar, entre otras cuestiones, la inmunidad parlamentaria y aforamientos de diputados, senadores y ministros, la elección directa del presidente del Gobierno por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los ciudadanos españoles cada 4 años, circunscripciones uninominales para el Congreso y Senado, en listas abiertas así como la elección directa de diputados y senadores sin listas cerradas o acabar con la financiación pública de partidos.

Iustitia Europa propone, además, limitar los mandatos para diputados, senadores, ministros, presidentes autonómicos, alcaldes, y cualquier otro cargo electo. En el caso del presidente del Gobierno, contempla que no pueda ejercer el cargo por un período superior a dos mandatos completos, consecutivos o alternos, un límite que quiere que también se aplique a vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, presidentes autonómicos, consejeros, alcaldes o concejales.

Reforma del TC y del CGPJ

Aboga también por una reforma del Tribunal Constitucional para que sus doce magistrados sean elegidos por votación directa entre juristas de carrera en activo y ratificada por referéndum vinculante. Los candidatos tendrán que tener 25 años en el ejercicio de su profesión y no pueden haber tenido cargo político ni militancia en partido político en los últimos 30 años.

De igual forma, el CGPJ tiene que ser elegido por los jueces, no por los políticos. Propone que esté integrado por diez miembros, no veinte, y todos ellos jueces, magistrados, abogados del Estado, fiscales, catedráticos o doctores de derecho, con más de 20 años de experiencia profesional.

Respecto al fiscal general del Estado, deja su nombramiento en manos del CGPJ, y no del Gobierno, entre fiscales de reconocido prestigio con más de veinte años de ejercicio profesional por un periodo de 9 años no renovables. «El Ministerio Fiscal actuará con plena autonomía respecto del Gobierno, rigiéndose por criterios de legalidad, imparcialidad, neutralidad y servicio a los españoles. Se prohíbe expresamente la emisión de instrucciones por parte del Poder Ejecutivo», reza su «contrato» con el electotado.

Adiós a los privilegios

Pardo aboga también por la transparencia en la política de forma que se acabe con los privilegios a ex altos cargos y se supriman sus oficinas, chóferes, asesores, escoltas. También propone eliminar las pensiones e indemnizaciones especiales, más allá del régimen común de cotización y quiere que rija una inhabilitación temporal (5 años) para incorporarse a empresas que hayan sido contratistas del Estado mientras ejercían. Una vez cesado, quiere que se les obligue a presentar declaración de actividades y patrimonio durante 5 años tras el cese.

En una firme apuesta por la acusación popular, que el propio Pardo desempeña y gracias a la que se ha sentado en el banquillo a responsables políticos en causas en las que la Fiscalía se ha alineado con el Gobierno, propone una nueva redacción del artículo 125 de la Constitución para que puedan ejercerla ciudadanos individual o colectivamente a través de asociaciones, partidos políticos, u organizaciones, «como garantía de control democrático del sistema judicial, y de lucha efectiva contra la corrupción, la impunidad y cualquier forma de abuso de poder».

Reducción del gasto público

Respecto a Europa, el partido cuestiona la permanencia de España en la UE, cuya política «se ha convertido en el ordeno y mando de los diferentes lobbies, como el armamentístico, el farmacéutico, el de la energía o el alimentario, que son los que realmente gobiernan la Unión Europea, generando una mega-estructura eurócrata donde no se defiende al ciudadano, sino los intereses comerciales de unos pocos». En este sentido propone dejar en manos de referendos ciudadanos esta cuestión, además de «priorizar la seguridad de nuestras fronteras».

En el apartado del gasto público, Pardo opta por una reducción drástica del gasto político con la máxima «menos cargos, más eficiencia». Así, quiere reducir el número de ministerios a un máximo de 7, eliminar el 75% de los asesores políticos, congelar y reducir un 20% sueldos políticos, suprimir privilegios estatales, autonómicos y locales, tanto para expresidentes y exministros, como diputados y senadores o alcaldes y concejales. Quiere, además, poner fin a las pensiones vitalicias y los coches oficiales de por vida, y eliminar la financiación pública, además de los partidos, a sindicatos y patronales, que «sólo podrán sostenerse con cuotas de afiliados».

Otro apartado se refiere al «cierre inmediato de más de 2.000 chiringuitos, fundaciones, observatorios y organismos que suponen un gasto de más de 6.000 millones de euros anuales».

Sin castigo a los autónomos

Partiendo de que el actual régimen de autónomos «castiga la iniciativa empresarial y penaliza a quienes intentan crear riqueza», Iustitia Europa apuesta por un modelo que incentive el emprendimiento «sin asfixiarlo con cargas fiscales desde el primer momento». Así, establece una cuota cero para autónomos durante los primeros cuatro años de actividad, lo que permite que los nuevos emprendedores se consoliden antes de asumir impuestos desproporcionados. Además, elimina la obligación de pagar cuotas en los meses sin ingresos, adoptando un modelo más flexible basado en ingresos reales, e incentiva el empleo autónomo mediante desgravaciones fiscales sin dependencia de subvenciones públicas.

Sobre la vivienda, sostiene que se ha convertido en un problema estructural que no se resolverá con más regulación ni con políticas de intervención. Propone establecer un plan de acceso a la primera vivienda para jóvenes y familias, con incentivos fiscales y eliminación de cargas burocráticas para la compra; se suprime el IVA en la compra de la primera vivienda, facilitando el acceso a la propiedad, y se eliminan las políticas de control de alquiler que han demostrado ser ineficaces y han reducido la oferta de vivienda disponible.

El 'okupa', a la calle en 24 horas

Además, en aras de defender la propiedad privada frente a la ocupación ilegal, prevé endurecer las penas y garantizar el desalojo inmediato del 'okupa' en menos de 24 horas desde la presentación de la denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Pardo aboga por que «la inmigración descontrolada no es integración, es invasión». «España no puede seguir siendo el campo de acogida de miles de ilegales que entran en España y que saturan nuestros servicios públicos, generando inseguridad en nuestras calles y a nuestros ciudadanos».

Por ello propone una reforma integral de la ley de Extranjería, el cierre total de la frontera sur de forma que la valla de Ceuta y Melilla sea reforzada habilitando a las Fuerzas Armadas a que repelan de inmediato cualquier intento de entrada ilegal. Apuesta también por deportaciones masivas, de forma que quien entre ilegalmente en España sea expulsado sin derecho a regularización. De igual forma será expulsado de forma inmediata el inmigrante que cometa delitos graves o reincida en actos delictivos. Además, quiere terminar con las ayudas y subvenciones a inmigrantes ilegales y que se modifique el procedimiento de asilo.