Madrid encadena dieciocho años al frente del índice de libertad económica y Andalucía afianza su mejora

La tesis de la fundación, tal y como expone a ABC su director, Albert Guivernau, es que las comunidades que han mantenido una menor intervención y una fiscalidad menos gravosa han tendido a atraer más inversión privada, crear más empleo en las empresas y mejorar su nivel de vida en relación con el de otras regiones. Guivernau no desdeña obviamente el peso de la geografía, de la historia y de la estructura productiva de cada territorio, pero sostiene que la relación entre libertad económica y prosperidad persiste cuando se tienen en cuenta los factores antes mencionados.

Evolución del ranking

del índice libertad económica

por CC.AA.

País Vasco

Andalucía

C. La Mancha

C. y León

C. Valenciana

Extremadura

Puntuaciones del índice

libertad económica en 2026

A menor índice mayor libertad económica

País Vasco

Andalucía

C. La Mancha

C. y León

C. Valenciana

Extremadura

Fuente: Fundación Civismo / ABC

Evolución del ranking del índice

libertad económica por CC.AA

País Vasco

País Vasco

C. y León

Andalucía

C. Valenciana

C. La Mancha

C. y León

C. La Mancha

C. Valenciana

Andalucía

Extremadura

Extremadura

Puntuaciones del índice

libertad económica en 2026

A menor índice mayor libertad económica

País Vasco

Andalucía

C. La Mancha

C. y León

C. Valenciana

Extremadura

Fuente: Fundación Civismo / ABC

Guivernau, autor del estudio publicado por Tecnos junto al catedrático de Economía de la Complutense Francisco Cabrillo, atribuye la continuidad de Madrid en el primer puesto a la combinación de una «menor presión fiscal, una regulación más contenida y una Administración» que, a su juicio, «asigna los recursos públicos de forma más eficiente». Por contra, en la otra punta de la tabla, Extremadura sigue penalizada tras décadas de «clientelismo, subvención y fuerte intervención pública» que solo se podría corregir con una «agenda liberal decidida». «El índice de 2026 se elabora con datos cerrados de 2023 y 2024, con lo que no es aún apreciable el efecto que haya podido tener el cambio de gobierno en la región», aprecia Guivernau, profesor de Economía en la Francisco de Vitoria.

El trabajo utiliza doce indicadores elaborados con datos de fuentes públicas. Seis miden el tamaño del sector público autonómico a partir del gasto, el esfuerzo fiscal, la deuda, el empleo público, los impuestos propios y las transferencias que cada comunidad recibe o concede. Los otros seis examinan la intensidad de la regulación en el comercio, la educación, la sanidad y la vivienda, así como la intervención autonómica en materia de medio ambiente y la libertad de movilidad nacional e internacional.

La propia selección ya refleja el importante margen de decisión, para bien o para mal, que conservan los gobiernos autonómicos en una España de estructura casi federal en la que, por tanto, el análisis y la comparativa regional son pertinentes, como sucede con los Länder alemanes o los Estados federados en los Estados Unidos.

El caso andaluz

Si en general desde el primer índice no se aprecian grandes cambios, sí hay variaciones significativas en algunos casos. El de Andalucía, por ejemplo, que ha pasado del puesto 16 en 2011 al séptimo en 2026, estimulada por un programa de «reducción de la carga fiscal y del gasto público», en una evolución contraria a la experimentada por Navarra, que de ocupar el segundo puesto en 2011 pasa al duodécimo en el último. Dos trayectorias divergentes que desde la Fundación Civismo se explican a partir de los cambios políticos en estas comunidades.

Mención significativa merece la Comunidad Valenciana, que de abanderar las políticas liberales en anteriores ediciones -quinto puesto en 2013, cuarto en 2015- encadena en las dos últimas el antepenúltimo lugar, únicamente por detrás de Extremadura y Asturias. «En Valencia hay una herencia fuerte del pacto del Botànic, y con posterioridad tampoco se han hecho grandes reformas, con gobierno que han acusado falta de maniobra», sostiene Guivernau.

Lectura aparte merece Cataluña, con indicadores que la empujan hacia la parte alta de la tabla, en parte favorecida por su mayor dinamismo económico y por un porcentaje de empleo público pequeño en relación al conjunto de la economía pese a la importante estructura que mantiene la Generalitat. Un notable porcentaje de educación y sanidad concertada o privada compensan también otros indicadores que, por contra, la lastran, como una carga fiscal denunciada repetidamente por entidades como Fomento del Trabajo -especialmente en los tramos altos y medios del IRPF, Sucesiones y Patrimonio- o un gran intervencionismo en Vivienda, y eso que en el índice no se incluyen las medidas aplicadas por el gobierno de Salvador Illa.

Madrid y el 'dumping' fiscal

En paralelo, los distintos comportamientos regionales refutan, a criterio de la Fundación Civismo, una de las principales objeciones que se hacen a las políticas liberales aplicadas por la Comunidad de Madrid, un 'dumping' fiscal según el cual solo las regiones con mayor renta pueden permitirse rebajar impuestos y, en su caso específico, a costa de succionar recursos de las regiones limítrofes. ara ello recurre a Estados Unidos. Massachusetts, el estado con mayor renta per cápita según la comparación recogida, ocupa el puesto 32 en libertad económica, mientras Dakota del Sur figura segunda en el índice y en el puesto 32 por renta.

Las divergencias regionales acaban arrojando un promedio que no deja en muy buen lugar a España en su conjunto. En la edición de 2025 del canónico índice de la Heritage Foundation, España ocupa el puesto 53 de 184 países y el 29 de los 46 que integran la región europea. Figura en la categoría de economías «moderadamente libres», la intermedia de las cinco que distingue la clasificación. Su puntuación queda ligeramente por debajo de la media europea, aunque supera las de Francia e Italia, y a distancia de las de Suiza e Irlanda, que encabezan el grupo europeo, tal y como esta misma semana también alertaba el Instituto de Estudios Económicos.