Una economía para transformar el crecimiento en bienestar

La OCDE reconoce los avances recientes de nuestra economía, aunque advierte de la distancia que todavía nos separa de nuestros socios europeos en productividad. Ahí reside uno de nuestros principales desafíos. Sin empresas productivas, empleos cualificados y salarios competitivos, difícilmente podremos sostener el Estado del bienestar al que aspiramos.

Los partidos políticos deberían situar la productividad en el centro de sus programas. España necesita facilitar la inversión, reducir las trabas burocráticas y permitir que las pequeñas y medianas empresas crezcan. La simplificación administrativa, el acceso a la financiación y la incorporación de tecnología deben convertirse en prioridades efectivas, alejadas de declaraciones retóricas.

También necesitamos una política industrial que aproveche nuestras capacidades y favorezca la colaboración entre las empresas, las universidades y los centros de investigación. Las ayudas públicas deben responder a objetivos verificables, someterse a evaluación y desaparecer cuando demuestren su ineficacia. El dinero público exige responsabilidad, no complacencia.

El mercado laboral constituye otro desafío decisivo. La formación permanente, la adaptación tecnológica y la conexión entre educación y empleo resultan fundamentales. Debemos facilitar la incorporación de los jóvenes al trabajo, aprovechar la experiencia de los trabajadores mayores y favorecer una inmigración legal vinculada a las necesidades productivas. El objetivo debe ser crear empleos estables, dignamente remunerados y capaces de ofrecer perspectivas de futuro.

Pero ninguna política económica será creíble si ignora la sostenibilidad de las cuentas públicas. Las pensiones, la sanidad y la educación necesitan una financiación suficiente y estable. Prometer nuevas prestaciones sin explicar cómo se pagarán, equivale a trasladar las responsabilidades a las generaciones futuras. Combatir el fraude, evaluar el gasto y revisar los privilegios fiscales ineficaces son obligaciones de cualquier Gobierno responsable.

El debate no puede reducirse a una competición de anuncios ni a la búsqueda de culpables. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las prioridades de cada partido, sus costes, los plazos de ejecución y los sacrificios que implican. Gobernar consiste en elegir y en explicar por qué unas medidas merecen preferencia sobre otras. La transparencia presupuestaria y los acuerdos ofrecen más seguridad que la improvisación permanente.

España precisa, en definitiva, una ambición económica compartida: que trabajar y emprender permitan vivir mejor, que el esfuerzo encuentre recompensa y que los servicios públicos funcionen con eficacia. El éxito de un Gobierno debería medirse menos por los titulares que genera y más por la renta por habitante, la productividad, la calidad del empleo y las oportunidades que deja a la siguiente generación.