El PP presenta 60 enmiendas a la Ley de Acompañamiento y exige a Page que deflacte el IRPF

«El Partido Popular lleva desde el comienzo de la legislatura reclamando que se deflacte el IRPF para proteger el poder adquisitivo de las familias. García-Page se ha negado una y otra vez, mientras la inflación encarecía la vida de los castellano-manchegos y aumentaba su esfuerzo fiscal», sostiene el grupo parlamentario.

Los populares consideran que la tramitación de la Ley de Medidas ofrece una nueva oportunidad para introducir esta modificación. «Si Page acepta nuestra propuesta y permite que entre en vigor el 1 de enero de 2027, los castellanomanchegos podrán comenzar el año pagando menos IRPF del que pagarían sin esta corrección. La inflación no puede ser una excusa para recaudar más a costa de las familias», argumentan.

De las 60 enmiendas, 40 corresponden a propuestas fiscales y las otras 20 plantean modificaciones administrativas y sectoriales, entre ellas la derogación del canon del agua, medidas de apoyo al campo y actuaciones para mejorar los servicios públicos y reducir la burocracia en los municipios rurales.

El paquete de enmiendas incorpora también una modificación a la baja de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con tipos reducidos para la compra de la primera vivienda habitual y mayores beneficios fiscales en las zonas afectadas por la despoblación.

Para los menores de 40 años, el PP propone deducciones por alquiler, por los intereses de los préstamos destinados a financiar la primera vivienda y por el ahorro empleado en su adquisición o construcción.

Las medidas se extienden a las familias numerosas y monoparentales, las personas con discapacidad, el acogimiento familiar y la atención a personas mayores. En materia educativa, los populares plantean ampliar las deducciones por libros de texto, material escolar y tecnológico, enseñanza de idiomas, refuerzo educativo, gastos de estudio y escuelas infantiles, con incentivos adicionales en municipios afectados por la despoblación.

En el ámbito económico, las propuestas incluyen una deducción de hasta 3.000 euros para facilitar el inicio de actividades por cuenta propia entre jóvenes de zonas de extrema despoblación, incentivos a la inversión empresarial y modificaciones en la tributación de sucesiones y donaciones para favorecer la continuidad de empresas y negocios familiares.

Derogación del canon del agua

Otro de los principales ejes de las enmiendas es la derogación del canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua. El PP insiste en eliminar este tributo, pero también reclama que, mientras permanezca vigente, la Junta transfiera a los ayuntamientos las cantidades que les correspondan por su recaudación.

Para ello, propone que el Gobierno regional determine y reconozca esas cantidades en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley y que efectúe los pagos durante los treinta días siguientes. También exige información pública sobre los importes recaudados, las transferencias reconocidas y las fechas de abono.

«El Gobierno de Page cobra el canon del agua a los castellanomanchegos, pero los ayuntamientos siguen necesitando recursos para atender sus competencias. No puede seguir reteniendo el dinero que legalmente les corresponde. Exigimos transparencia, plazos concretos y pagos efectivos», señala el grupo parlamentario.

Los populares defienden que ambas propuestas son compatibles, puesto que su objetivo es suprimir el canon, pero consideran que, mientras exista, los municipios deben recibir sin demoras los recursos que les correspondan.

En materia agraria, el PP plantea revisar las limitaciones que afectan a determinadas actividades agrícolas y forestales durante los periodos de riesgo de incendios, para que su aplicación tenga en cuenta las condiciones reales de cada territorio.

La propuesta contempla factores como las precipitaciones recientes, la humedad del terreno, el viento, las características de los cultivos y el riesgo efectivo de incendio, sin reducir las exigencias de seguridad.

También solicita una evaluación anual de las medidas preventivas aplicadas durante las campañas de recolección, con participación de las organizaciones agrarias y las cooperativas. «Los agricultores necesitan seguridad, pero también reglas sensatas. No tiene sentido aplicar restricciones sin valorar adecuadamente las condiciones reales de cada territorio, de cada cultivo y de cada campaña», argumenta el PP.

Servicios bancarios en el medio rural

Las enmiendas incluyen actuaciones para facilitar el acceso a servicios financieros básicos en los pequeños municipios que carecen de ellos, mediante la colaboración entre administraciones, entidades bancarias y otros operadores.

Entre las soluciones propuestas figuran la instalación de cajeros automáticos, las oficinas móviles y la atención bancaria presencial. Asimismo, el PP reclama una mayor coordinación administrativa para agilizar las autorizaciones de obras municipales relacionadas con infraestructuras, abastecimiento de agua, saneamiento y equipamientos públicos.

«Defender el medio rural no consiste solamente en hacer anuncios. Significa conseguir que los vecinos tengan acceso a servicios básicos, que los agricultores puedan desarrollar su actividad y que los ayuntamientos no pierdan meses esperando autorizaciones para ejecutar obras necesarias», sostiene el grupo parlamentario.

Las restantes propuestas administrativas buscan simplificar los procedimientos de autorización en carreteras, vías pecuarias y patrimonio cultural, reforzar la estabilidad de los servicios sociales concertados y mejorar los trámites que afectan a clubes y federaciones deportivas.

El PP también plantea aumentar la transparencia y la calidad de la elaboración de las normas y mantener la exigencia de una cualificación científica específica para dirigir el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF).

«La decisión está en manos de Page: puede seguir negándose a bajar los impuestos o puede aceptar las propuestas del Partido Popular y empezar a aliviar el esfuerzo fiscal de las familias de Castilla-La Mancha», concluye el grupo parlamentario.